Los escándalos urbanísticos que se suceden por toda la geografía española, amenazan con no dejar títere con cabeza.

Pocos ayuntamientos se salvan de la sospecha. Es "vox pópuli" el enorme poder (económico y/o político), que otorga el cargo de concejal de urbanismo, multiplicado por varios enteros si además cuentas con el apoyo incondicional del regidor de turno y la anuencia silenciosa de los arquitectos municipales, pero gobernar de espaldas al pueblo, es una de las formas de destapar el pastel.

Un total de 108 profesores universitarios, expertos en urbanismo, arquitectura y geógrafos de prestigio, han presentado el manifiesto por una nueva cultura del territorio [ver], en el que reclaman, entre otras cosas que el gobierno entre en la gestión del territorio, y no lo deje todo en manos de ayuntamientos, y cambiar la Ley del Suelo de 1998, ya que la actual, permite un urbanismo opaco en el que prevalecen los intereses de los agentes urbanizadores, frente al bien común. Personalmente no podría estar más de acuerdo.

Así las cosas, el Consejo Económico y Social, en su dictamen emitido recientemente sobre el proyecto de ley aprobado en consejo de ministros este verano, establece mecanismos de control de la edificabilidad, y del destino real del suelo destinado a vivienda protegida, aunque también pide revisar el sistema de financiación local, ya que en muchos casos se reduce a los ingresos por la urbanización de nuevas áreas, como sistema para obtener ingresos hoy, (y el que venga detrás que arregle los problemas de mañana).

¿Y como afecta esto a nuestro municipio? Pues el tiempo lo dirá, si definitivamente se aprueba la ley, pero... reduce la edificabilidad, controla el destino final del suelo reservado, impide la sobrevaloración del suelo por motivos especulativos...


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